La Junta de Supervisores aprobó por unanimidad la Política A-76, una nueva directiva que exige a todas las agencias del condado que utilizan sistemas aéreos no tripulados (UAS) —conocidos comúnmente como drones— desarrollar políticas operativas específicas que garanticen un uso seguro, legal y transparente.
La medida busca alinear el uso de drones con las regulaciones federales vigentes y asegurar estándares consistentes de seguridad pública y responsabilidad institucional.
La política aplica tanto para operaciones diurnas como nocturnas, y requiere que cada agencia cumpla con las normas establecidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) bajo el Título 14, Parte 107 del Código de Regulaciones Federales.
Cada departamento deberá definir lineamientos claros sobre el entrenamiento requerido, los protocolos de vuelo, la seguridad operativa y los procesos de reporte de incidentes. Las políticas internas deben identificar funciones clave como Piloto Remoto al Mando (RPIC), observadores visuales y cualquier persona que manipule controles de vuelo. Todo el personal asignado deberá contar con las licencias y capacitaciones correspondientes.
Además, se deberán establecer medidas preventivas para minimizar riesgos a personas, aeronaves u otros bienes en caso de una falla o pérdida de control. Cualquier incidente que resulte en lesiones o daños materiales deberá ser reportado siguiendo los estándares del condado o superándolos.
El uso de drones en zonas cercanas a aeropuertos u otras áreas restringidas estará prohibido, salvo que se obtenga una exención específica por parte de la FAA. En general, los drones deberán operar a una altura máxima de 400 pies sobre el terreno o el obstáculo más alto.
Si bien el Departamento del Sheriff ya ha implementado el uso de drones en sus operaciones, esta política responde al creciente interés de otras agencias en incorporar esta tecnología en funciones como seguridad pública, monitoreo ambiental, inspección de infraestructura y respuesta a emergencias.
“El público necesita saber quién está volando drones, dónde y con qué propósito,” expresó Brad Anderson, residente de Rancho Mirage, durante la sesión de comentarios públicos.
Las agencias del condado tendrán un plazo de 60 días para redactar y presentar sus políticas de uso de drones ante la Oficina Ejecutiva para su revisión y aprobación. Con esta iniciativa, el condado reafirma su compromiso con el uso responsable, regulado y enfocado al servicio público de tecnologías emergentes.
