Por Karen Gutiérrez, Univision – Topeka, Kansas | 3 de noviembre de 2025
La ACLU de Kansas ha interpuesto una demanda federal cuestionando la legalidad de una ley estatal que permite a los jueces extender indefinidamente la libertad condicional de aquellas personas condenadas que no pueden cumplir con el pago de multas o restituciones. La ACLU argumenta que esta práctica viola los derechos constitucionales de los acusados y discrimina especialmente a los individuos de bajos recursos.
La demanda fue presentada a nombre de cuatro residentes de escasos recursos del condado de Johnson, quienes, tras haber sido condenados por delitos no violentos como falsificación y robo menor, se encuentran con libertad condicional hasta ocho años después de sus condenas debido a su incapacidad para pagar las multas impuestas.
Castigando la Pobreza
Los argumentos de la demanda destacan que el sistema actual establece una brecha de justicia basada en la riqueza: los acusados que poseen recursos pueden satisfacer rápidamente sus obligaciones financieras y así concluir su condena, mientras que los más pobres quedan atrapados durante años bajo la supervisión judicial, lo que implica restricciones y un monitoreo continuo.
“No tienen los medios para pagar la restitución”, explica Monica Bennett, directora legal de ACLU Kansas. “Son tratados de manera diferente a quienes sí pueden pagarla.”
Durante el transcurso de la libertad condicional, los afectados pierden su derecho al voto, son objeto de monitoreos constantes, y viven bajo la constante amenaza de ser encarcelados por cualquier incumplimiento de las reglas impuestas.
Demandantes y Respuesta del Estado
En la demanda se nombra al fiscal general de Kansas, Kris Kobach, como demandado en representación del estado, además de a jueces del condado de Johnson que han aplicado extensiones de libertad condicional sin realizar audiencias formales.
Según declaraciones de la ACLU, los jueces extienden las penas de libertad condicional sin verificar si los acusados pueden efectivamente pagar las restituciones impuestas, lo cual contradice el debido proceso y los principios de igualdad ante la ley que protegen la Constitución de los Estados Unidos.
Hasta el momento, la oficina del fiscal general Kobach no ha respondido a solicitudes de comentarios sobre el caso.
Argumentos Constitucionales y Contexto Estatal
La ACLU sostiene que esta práctica viola la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda y resulta en la creación de un sistema de justicia desigual “fundado en la capacidad económica de los individuos”. La demanda busca compensaciones económicas para los demandantes y demanda que los tribunales dejen de extender condenas sin una audiencia adecuada o cuando no se determine la capacidad de pago del acusado.
“Es un problema real en los tribunales de Kansas”, señala Bennett. “Hay un sistema diferente según la riqueza de cada persona.”
Asimismo, la organización advierte que esta política podría estar implementándose en todo el estado, lo que convertiría la demanda en un precedente esencial para el sistema de justicia de Kansas.
El Debate sobre Justicia y Desigualdad
Expertos legales coinciden en que el caso pone de relieve una deuda pendiente del sistema judicial estadounidense: la criminalización de la pobreza. En diferentes estados, las sanciones económicas, honorarios judiciales y restituciones a las víctimas pueden extender indefinidamente los castigos para quienes carecen de recursos.
Grupos de derechos civiles, incluidas las filiales locales de la ACLU, han promovido litigios similares en estados como Georgia, Florida y Missouri, logrando fallos que prohíben encarcelar o sancionar económicamente a personas sin capacidad de pago.
La acción legal en Kansas busca ampliar este precedente y establecer que la libertad condicional no debe utilizarse como medio coercitivo para recuperar deudas.
Un Caso con Potencial Transformador
Si prospera, la demanda podría forzar a los tribunales de Kansas a reformar sus políticas en torno a restituiciones y libertad condicional, garantizando que ningún acusado sea penalizado únicamente por su condición económica.
Por ahora, los demandantes —quienes fueron hallados culpables de delitos menores hace casi una década— continúan bajo supervisión judicial, esperando que el sistema reconozca lo que consideran una injusticia estructural.
Original source: Noticias Kansas
By Karen Gutierrez
3 Nov, 2025
