Por Karen Gutierrez, Univision
TOPEKA, Kansas — 24 de noviembre de 2025
Cinco meses sin pago: una crisis que se volvió constitucional
Durante casi 20 semanas, abogados, asistentes legales, intérpretes, psicólogos, investigadores y reporteros judiciales en Kansas han trabajado sin recibir un solo dólar. Lo que comenzó como un retraso presupuestario se ha transformado en una crisis constitucional que pone de manifiesto la fragilidad del sistema de defensa pública federal.
El financiamiento federal para estos profesionales expiró a inicios de julio. Aunque el gobierno había prometido reembolsos para octubre, la suspensión gubernamental más prolongada en la historia del país ha retrasado esos pagos. Hasta el 14 de noviembre, el monto adeudado solo en Kansas ascendía a $682,598, parte de los $70 millones que se deben a defensores designados y proveedores de servicios en todo el país.
“No es solo financiera. Es constitucional”
Para Dionne Scherff, abogada penalista y representante de Kansas ante el panel de la Ley de Justicia Criminal (CJA), este problema trasciende lo económico:
“Es una crisis que no es únicamente financiera. Es constitucional”, afirmó.
Aproximadamente 60 abogados privados en Topeka, Kansas City y Wichita aceptan casos cuando las oficinas de defensores públicos federales no pueden asumir más cargas de trabajo. Sin financiamiento, intérpretes, taquígrafos y expertos continuaron laborando sin pago, al igual que los abogados.
La situación ha obligado a algunos abogados en Kansas a recurrir a líneas de crédito personal y fondos de jubilación para mantener sus oficinas operativas y cubrir gastos básicos, según una carta enviada el 10 de septiembre a la delegación congresional del estado.
Scherff subrayó la urgencia de la situación:
“El movimiento inteligente, económico y constitucional sería financiarlo desde el principio”.
El financiamiento llega tarde y no es suficiente
El Congreso aprobó cerca de $1.6 millones para defensores públicos federales en la legislación que puso fin al cierre gubernamental. Sin embargo, esa cifra queda muy por debajo de los $200 millones solicitados para cubrir necesidades estructurales. A pesar de esto, permitirá que los $70 millones en pagos atrasados lleguen a abogados y proveedores esta semana.
Sin embargo, este alivio tiene un límite: el dinero solo alcanza hasta el 30 de enero y no cubre el resto del año fiscal que concluye en octubre.
Impacto nacional: casos desechados y abogados que se retiran
La falta de financiamiento ha afectado no solo a Kansas. En 2013, un congelamiento de cinco semanas llevó a violaciones constitucionales. Este año, la situación ha sido aún más grave.
En California, un juez federal desestimó un caso penal por violación del derecho a una defensa efectiva. En su fallo del 12 de noviembre, el juez John Mendez expresó:
“El derecho a la asistencia efectiva de un abogado es un principio fundamental de este país y es indispensable para el funcionamiento de un sistema de justicia penal justo”.
Mendez determinó que el acusado enfrentaba un “conflicto insostenible entre las obligaciones profesionales de su abogado y su supervivencia económica básica”.
En Nuevo México, un grupo de abogados del panel CJA dejó de aceptar nuevos casos, indicando que la falta de fondos generaba una “tensión insostenible” en abogados y contratistas.
Estos profesionales advierten que el año próximo será aún más complicado, prediciendo que los recursos se agotarán antes del 3 de julio.
“El presupuesto refleja nuestros valores”
Melody Brannon, defensora pública federal para Kansas, ha alertado que la crisis de pago regresará más pronto de lo anticipado:
“La crisis llegará más pronto”, dijo.
Brannon también destacó que recortar fondos actualmente es una mala estrategia:
“Los presupuestos son documentos morales. Los presupuestos reflejan nuestros valores”.
De acuerdo con ella, la falta de financiamiento compromete la credibilidad del sistema de justicia penal y erosiona la confianza de clientes, familias y del público en general.
¿Qué ocurre si no hay abogado en la corte?
Más del 90% de las personas acusadas en cortes federales reciben un abogado designado. Los defensores públicos y los panelistas CJA no eligen sus casos.
Scherff lo explica así:
“Estamos en línea y listos para realizar el trabajo, porque los individuos —ya sea por pornografía infantil, un incidente del 6 de enero o robo bancario— no importa para nosotros. No lo vemos desde un punto de vista político”.
Sin embargo, enfatizó que sin un financiamiento adecuado, “los clientes sufren cuando los abogados renuncian por falta de pago”.
Si llegue el 30 de enero sin un presupuesto completo, las oficinas de defensores públicos federales, ya debilitadas por un congelamiento de contrataciones de dos años, volverán a estar sobrecargadas. Entonces, plantea Brannon, surge la interrogante más grave:
“¿Qué ocurre cuando alguien llega a la corte y no hay un abogado que tome el caso?”
Original source: Noticias Colorado
By Karen Gutierrez
24 Nov, 2025
