San Diego, CA – Una jueza federal en California ha tomado una decisión crucial que podría cambiar la vida de miles de inmigrantes detenidos en Estados Unidos. Su fallo exige al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a revertir una política de 2025 que prohibía las audiencias de fianza para individuos arrestados en el país, incluyendo a aquellos sin antecedentes penales.
Esta medida ha suscitado optimismo entre abogados, familiares y organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes, quienes ven en esta resolución una restauración de un derecho fundamental al debido proceso.
El abogado de inmigración Hugo Iván Salazar comentó sobre el impacto de esta decisión:
“Esta demanda colectiva es un golpe directo a la administración de Trump y su política en contra de las fianzas para la comunidad migrante detenida.”
La jueza Sunshine Sykes argumentó que la política del DHS violaba el debido proceso al rechazar automáticamente las audiencias de fianza para ciudadanos arrestados en suelo estadounidense. Muchos de ellos han residido en el país por años y carecen de un historial delictivo.
Según datos de Tracereports.org, de los 65,135 inmigrantes arrestados por ICE, 47,964 —un 73%— no tienen antecedentes penales, según cifras disponibles hasta el 16 de noviembre de 2025. En la mayoría de los casos, sus registros se limitan a infracciones menores, como violaciones de tránsito.
Salazar subrayó que este fallo ofrecerá a miles de inmigrantes la oportunidad de enfrentar sus procesos legales fuera de los centros de detención:
“Esta nueva política cambia todo porque permite que esas personas, si son detenidas, puedan luchar por su caso desde su hogar, estar con sus familias, trabajar y mantener a sus seres queridos, en lugar de estar confinados tras las rejas.”
La política anulada clasificaba a muchos inmigrantes arrestados en el país como “solicitantes de admisión”, lo que permitía al gobierno argumentar que podían ser detenidos indefinidamente sin posibilidad de solicitar fianza.
Con esta orden judicial, ahora los inmigrantes tendrán derecho a una audiencia ante un juez de inmigración, quien determinará si representan un riesgo para la comunidad o si podrían escapar.
Salazar advirtió que la decisión no se aplica a las personas que se presentaron en la frontera:
“Esto solo se aplica a personas que han entrado indocumentadamente y que fueron capturadas dentro del país. No aplica para quienes se han presentado en la frontera; esas personas todavía deben pasar por el proceso de ‘parole’, lo cual no es común.”
Este fallo tiene carácter nacional y beneficiará a todos los inmigrantes afectados por esta política, con excepción de aquellos que tengan ciertos antecedentes criminales o que estén bajo procedimientos de deportación acelerada.
En este momento, la orden ya está en vigor, y los jueces de inmigración deben reanudar las audiencias de fianza para quienes lo soliciten. El Departamento de Seguridad Nacional no ha confirmado si apelará esta decisión.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Heder Casas
1 Dec, 2025
