César Duarte: Nuevo Proceso Federal por Lavado de Dinero Aumenta la Presión Legal

México – La Fiscalía General de la República ejecuta una nueva orden de aprehensión contra César Duarte por lavado de dinero

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, vuelve a estar en el centro de la atención judicial en México, enfrentándose a un nuevo proceso federal que agrava su ya complicado historial legal. Duarte fue detenido el 8 de diciembre en la capital del estado tras la ejecución de una orden de aprehensión federal emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a acusaciones de operaciones con recursos de procedencia ilícita, un tipo de acusación diferente a aquellas que llevaron a su extradición desde Estados Unidos en 2022. La FGR confirmó que esta medida se basa en una orden dictada en mayo de 2024, aunque fue ejecutada recientemente tras obtener la autorización para procesarlo por un nuevo cargo.

Las acusaciones federales indican que Duarte está vinculado a presuntos actos de lavado de dinero y desvío de recursos. El exsecretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, aclaró en su momento que estos señalamientos son por delitos específicos de lavado de dinero y desvío de recursos. El gobierno federal asegura que esta nueva imputación se debe a facultades recién otorgadas a la Fiscalía mexicana a raíz de consultas diplomáticas relacionadas con su extradición.

Es importante recordar que Duarte ya había estado bajo arresto en Estados Unidos, donde fue detenido por primera vez en Miami en 2020, y posteriormente extraditado a México en 2022 para enfrentar cargos estatales por peculado y asociación delictuosa. Desde entonces, su trayectoria judicial ha estado llena de cambios, pero según su defensa, ha logrado cerrar 20 de las 21 causas penales abiertas en Chihuahua, así como varios procedimientos administrativos.

Sin embargo, continúa bajo investigación estatal, y la apertura del expediente federal añade una nueva dimensión a su situación legal. “Aún está enfrentando un proceso penal por peculado y asociación delictuosa aquí en Chihuahua”, informó su abogado, Juan Carlos Mendoza, quien ha sido el portavoz de Duarte a lo largo de este proceso.

La defensa de Duarte argumenta que las acciones de la Fiscalía violan la regla de especialidad en materia de extradición, que establece que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los cargos aprobados por el país que facilitó su traslado. “No tiene sentido, porque si no se demuestra lo primero, no pueden acusarlo de lo segundo”, insistió Mendoza, subrayando la complejidad de avanzar en investigaciones adicionales sin resolver primero las acusaciones iniciales.

Con la llegada de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General, el caso adquirió un nuevo impulso. Tras asumir su cargo, la FGR consiguió la autorización necesaria para iniciar este nuevo proceso federal y ejecutar la reciente orden de aprehensión. La defensa de Duarte advierte que esta situación podría derivar en un juicio doble, dado que los hechos mencionados ya podrían haber sido revisados. “El juez de control señala que debería tener la necesidad de detenerlo para tener el permiso de hacerlo, lo cual consideramos totalmente inapropiado”, afirmó el abogado, fortaleciendo su argumento legal.

Su equipo de defensa sostiene que la imputación representa la reapertura de casos que ya estaban concluidos o casi agotados. Además, argumentan que no hay riesgo de fuga, ya que su cliente siempre ha estado dispuesto a presentarse ante las autoridades. Con determinación, el defensor legal anticipó que Duarte se declarará “completamente inocente y sin ninguna duda”.

A medida que avanza el expediente, Duarte permanece recluido en el penal federal de El Altiplano, uno de los centros penitenciarios de máxima seguridad en el país. Su defensa está trabajando para que el exgobernador pueda enfrentar el juicio en libertad, además de señalar que enfrenta problemas de salud serios, incluidos antecedentes cardíacos y cirugías recientes.

En el contexto de nuevas audiencias, su equipo legal subrayó que este proceso no debe politizarse. “No debemos ver a las personas como un botín político, sino resolver todas las injusticias, porque donde no hay justicia, no hay paz”, afirmó Mendoza, destacando que el caso de Duarte representa un reto a los principios judiciales que, según ellos, deben prevalecer en el país.