Las calles de Tijuana fueron el escenario de una manifestación inusual y perturbadora, donde carrozas fúnebres avanzaron lentamente con féretros expuestos en plena vía pública. Este acto, organizado por la unión de funerarias locales, busca denunciar lo que consideran actos de corrupción en la gestión y entrega de cuerpos por parte de las autoridades competentes.
Los manifestantes desearon visibilizar una problemática que, aseguran, afecta a las familias en duelo y a los servicios funerarios desde hace al menos dos años, imponiendo presiones y condicionamientos en momentos extremadamente vulnerables.
Según informaron, la fiscalía de Baja California habría concedido exclusividad a determinadas empresas para la recolección de cuerpos, dependiendo del tipo de fallecimiento. Héctor Abasolo, director de una funeraria, hizo énfasis en esta irregularidad.
“Ciertos actores, internos de la fiscalía, han estado beneficiando y apoyando a un par de funerarias específicas en Tijuana, beneficiándose con los procedimientos de recolección de cuerpos”, denunció.
Los relatos indican que una sola empresa se ocupa de los levantamientos de cuerpos por homicidios dolosos, mientras que otra maneja los casos de muerte natural. Esta situación no solo restringe la libre competencia, sino que también retrasa la entrega de los cuerpos, prolongando el sufrimiento de los dolientes.
Trabajadores del sector explican que, en casos de fallecimientos en domicilio, el procedimiento se complica considerablemente. Iván L. Alvarado, uno de los empleados funerarios, resaltó que incluso cuando las familias ya han adquirido planes funerarios, enfrentan presiones adicionales.
“En los casos a domicilio, cuando ocurre un fallecimiento, un médico debe presentarse y reportar a la fiscalía. A pesar de que las familias poseen planes funerarios previamente pagados, son presionadas para llevar el cuerpo al servicio médico forense”, explicó.
Las funerarias sostienen que estas prácticas coaccionan a los dolientes a adquirir servicios de las empresas favorecidas, incluso cuando ya han tomado decisiones anticipadas.
Un médico legista, responsable del registro de defunciones, respaldó estas denuncias al manifestar que estos procedimientos no cumplen con la ley. Pedro García, el médico, destacó que no existe justificación legal para retener cuerpos en caso de muerte natural.
“La única razón para levantar un cuerpo es que haya ocurrido una muerte violenta; en casos de enfermos que hayan fallecido, una autopsia legal debiera ser suficiente para proceder”, señaló.
La manifestación, en la que participaron 24 agencias funerarias, pone de manifiesto que estas prácticas irregulares han causado severas dificultades económicas, dejando sin ingresos a cientos de familias que dependen de esta industria.
Noé Herrera, representante de una de las empresas funerarias, enfatizó que el mayor impacto recae sobre los que están de luto. “Finalmente, quienes sufren son los dolientes y nosotros como empresas; los que pierden a un familiar, afectando su estabilidad económica y emocional”, expresó.
La protesta tuvo como objetivo exigir mayor transparencia y cambios en la estrategia de la fiscalía. Las funerarias insisten en que buscan una explicación clara sobre los criterios para la liberación de cuerpos, y advierten que continuarán manifestándose hasta obtener una respuesta oficial.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
16 Dec, 2025
