La reciente aprobación de la nueva Ley General de Aguas en México ha encendido alertas en el sector agrícola y ha puesto en la mira a ciudades como Tijuana, cuyo suministro de agua depende en gran medida de recursos del Distrito de Riego 014 de Mexicali. Aunque el debate nacional se ha centrado en los productores del campo, los efectos se extienden a la zona costera de Baja California, donde millones de personas dependen del acueducto Río Colorado para abastecerse.
Tijuana consume 140 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que tiene una asignación directa de solo 80 millones del Río Colorado. La diferencia, cerca de la mitad del consumo total, se adquiere a través de agricultores del Valle de Mexicali, quienes transfieren parte de su cuota mediante el Distrito de Riego 014.
Jesús García Castro, director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, explica cómo opera actualmente esta dinámica:
“Es agua que se recibe pero, cuando se recibe, ustedes saben que es agua que no está regularizada y la regularización o legalización se lleva a cabo a través de estos distritos de riego o de los ejidatarios.”
Esta “regularización” se ve comprometida con la nueva Ley General de Aguas, que restringe o prohíbe la venta de derechos de agua —una práctica que durante años ha permitido a Tijuana equilibrar su déficit hídrico.
Desde el gobierno, esta reforma se presenta como un mecanismo para priorizar a las ciudades con mayores necesidades, fortalecer el acceso al agua para consumo humano y mejorar la sustentabilidad del sistema hidráulico.
Así lo señala García Castro:
“Estas modificaciones a la ley federal tienen como objetivo apoyar a ciudades grandes y satisfacer las grandes necesidades que se experimentan en esta región semidesértica; en este momento no contamos con agua propia.”
Teóricamente, la ley debería favorecer a ciudades como Tijuana, que carecen de fuentes locales suficientes. Sin embargo, en la práctica, la transición es incierta. Actualmente, la ciudad depende de un esquema que podría quedar obsoleto tras la nueva legislación.
La duda es evidente: si ya no se pueden adquirir derechos del Distrito de Riego 014, ¿cómo satisfará Tijuana su demanda anual de agua?
Mientras la incertidumbre reina en las ciudades, en el campo las preocupaciones son palpables. Agricultores de la región advierten que esos cambios podrían complicar su acceso al agua o encarecerlo, afectando un sector que ya enfrenta dificultades.
El productor de frutos rojos, Luis Ernesto Guevara, resume la situación con cifras contundentes:
“Cuando llegué a San Quintín había 20 mil hectáreas sembradas, ahora debe haber cerca de 6 mil, y eso es exclusivamente por problemas relacionados con el agua.”
La reducción drástica de superficie cultivada es parte del temor de que una regulación más estricta complique aún más las operaciones agrícolas en una región donde el agua ya es escasa.
La controversia sobre el futuro del agua ha llevado a protestas, incluyendo bloqueos de la aduana en Mexicali por parte de productores agrícolas, quienes acordaron levantarlos temporalmente mientras las negociaciones con las autoridades federales continúan.
El conflicto refleja la magnitud de lo que está en juego: no es solo una disputa legal, sino un cambio profundo en la relación entre el campo y la ciudad en una región donde el agua es un recurso limitado.
La nueva Ley de Agua está reconfigurando el equilibrio entre la zona agrícola del valle y las ciudades costeras. Para Tijuana, el desafío es considerable: asegurar su futuro hídrico sin el mecanismo de compra de derechos que la ha sostenido durante décadas.
Para los agricultores, el desafío es igualmente grande: garantizar un acceso adecuado al recurso que ya limita su producción.
El desenlace sigue siendo incierto, pero está claro que esta reforma transformará no solo la gestión del agua, sino la vida cotidiana de millones de residentes en Baja California.
Fuente original: Noticias San Diego
Por Claudia Orozco
9 Dec, 2025
