La Corte Suprema decidió este viernes que revisará si el intento del presidente Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto es constitucional, brindando a los jueces la oportunidad de analizar lo que ha sido considerado una ley fundamental desde el siglo XIX.
Con la aceptación de la apelación, el tribunal aborda directamente el trasfondo de una controversia que en gran medida ha evitado abordar a principios de este año, cuando falló a favor de Trump por motivos técnicos relacionados con cómo los tribunales inferiores manejaron las objeciones a la política.
A pesar de que las teorías legales presentadas en la apelación del Gobierno de Trump han sido consideradas marginales incluso por algunos conservadores, el caso atraerá una atención significativa durante el período de sesiones de la Corte Suprema que comenzó este otoño. Esto representa otra ocasión para evaluar la disposición de la corte a aceptar un argumento legal innovador por parte de la Casa Blanca.
Un fallo favorable a Trump podría modificar un principio arraigado en el derecho constitucional y de inmigración estadounidense, y podría tener importantes repercusiones prácticas para los ciudadanos que enfrentan nuevos desafíos al momento de documentar a sus recién nacidos.
La corte escuchará los argumentos en el próximo año y es probable que emita su decisión antes de finales de junio.
“No hay quizás ningún tema, desde el inicio de este Gobierno, en el que el presidente Trump haya estado más equivocado que en su intento de restringir la ciudadanía por nacimiento mediante un decreto”, afirmó Steve Vladeck, analista de la Corte Suprema de CNN y profesor en la Facultad de Derecho de Georgetown.
“Esto se debe a que viola los estatutos relevantes, la propia Decimocuarta Enmienda o la interpretación autorizada de esa disposición constitucional por parte de la Corte Suprema en 1898. La conclusión es clara”, agregó. “Aunque la Corte apoyó a Trump a principios de este verano cuando solicitó que se limitaran las medidas cautelares contra la política, ahora que el caso regresa a la consideración del fondo, hay todas las razones para creer que incluso esta corte fallará en su contra; la pregunta real probablemente será sobre cuál de los múltiples fundamentos posibles lo hará”.
Dos décadas después de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, la Corte Suprema determinó en el caso EE.UU. v. Wong Kim Ark que las personas nacidas en Estados Unidos, en ese caso el hijo de inmigrantes chinos, tienen derecho a la ciudadanía estadounidense, salvo algunas excepciones. Sin embargo, el Gobierno de Trump argumentó en su apelación que ese precedente ha sido malinterpretado durante mucho tiempo.
A pesar de la interpretación de la cláusula de ciudadanía reflejada en la opinión de 1898, el Gobierno de Trump comunicó a la Corte Suprema en sus apelaciones que esa noción era “errónea” y que su comprensión había tenido “consecuencias destructivas”. Trump ha hecho que la abolición de la ciudadanía por nacimiento sea un pilar fundamental de su agenda migratoria.
“La cláusula de ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda fue adoptada para otorgar la ciudadanía a los esclavos recién liberados y a sus hijos, no a los hijos de visitantes temporales o extranjeros ilegales”, afirmó al Tribunal Supremo el procurador general D. John Sauer, principal abogado en las apelaciones del Gobierno.
Aunque la Corte Suprema emitió una decisión importante en junio que involucraba el decreto de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento, este caso se centró más en una cuestión procesal sobre la autoridad de los tribunales inferiores para detener una política implementada por un presidente. Una mayoría de 6-3 de la Corte esencialmente limitó —pero no eliminó por completo— el poder de los tribunales para bloquear tales políticas.
Después de la decisión de la Corte Suprema, la política de Trump sobre la ciudadanía por nacimiento fue rápidamente bloqueada nuevamente por tribunales utilizando otros métodos y nunca llegó a implementarse.
Los tribunales inferiores, compuestos tanto por jueces conservadores como progresistas, han fallado en contra del decreto del Gobierno.
“Este caso no es más que una mezcolanza de declaraciones históricas incorrectas, citas inapropiadas, doctrinas recién inventadas y, sobre todo, preferencias políticas”, afirmaron la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y otros grupos que representan a los demandantes individuales ante la Corte Suprema este año.
La Corte aceptó escuchar los argumentos en un caso de un juez de Nueva Hampshire que prohibió la aplicación del decreto de Trump para cualquier bebé que se viera afectado por la política en una demanda colectiva presentada por la ACLU.
No obstante, no aceptó otro caso separado que provenía del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos, con sede en San Francisco. Ese tribunal confirmó la decisión de un juez de Seattle que bloqueó la política de Trump a nivel nacional en un caso presentado por un grupo de estados liderados por demócratas.
La diferencia probablemente se deba a quién estaba demandando: el caso del Noveno Circuito involucraba la cuestión de si los estados tenían legitimación para demandar acerca de la política.
Firmado por Trump el 20 de enero, el decreto titulado “PROTEGIENDO EL SIGNIFICADO Y VALOR DE LA CIUDADANÍA ESTADOUNIDENSE” establecía que el Gobierno federal no “emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía de Estados Unidos” a ningún niño nacido en suelo estadounidense de padres que se encontraran en el país ilegalmente o que se encontraran temporalmente.
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Fuente original: Noticias El Paso
Por Alan Tiscareno
5 Dec, 2025
