Por Karen Gutierrez, Univision
Washington D.C. – 10 de noviembre de 2025
Corte Suprema de EE. UU. Evalúa Caso de Trabajo Forzado
Más de una década de batallas legales culmina este lunes, cuando la Corte Suprema de EE. UU. escuchará argumentos en una demanda por trabajo forzado presentada contra el centro de detención de Aurora, en Colorado.
La acción legal, iniciada en 2014 por un grupo de nueve exdetenidos, señala a la empresa GEO Group, operadora del centro de detención bajo contrato federal, por implementar un sistema de trabajo forzado dentro de sus instalaciones. Los demandantes argumentan que detenidos fueron seleccionados aleatoriamente para realizar labores de limpieza en áreas comunes sin compensación y que aquellos que se negaban eran objeto de castigos severos, incluyendo aislamiento de hasta 72 horas.
Sin embargo, la Corte no abordará el fondo del caso, que indaga si realmente existió trabajo forzado, sino que se centrará en un aspecto técnico del proceso de apelación.
El Debate Legal: ¿Puede GEO Apelar Antes del Juicio?
El tribunal analizará si GEO puede apelar antes de que culminen los juicios principales. La empresa sostiene que, como contratista del gobierno federal, disfruta de una “inmunidad soberana derivada” que la exime de ser demandada por acciones en el marco de su contrato con ICE.
Un juez federal desestimó esta defensa, y el Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito, con sede en Denver, falló que la empresa no podía apelar hasta que se concluyera el caso. Esta decisión es la que ahora revisa la Corte Suprema.
“Este caso está activo desde 2014, y nuestros clientes están frustrados por los intentos de GEO de seguir retrasando el proceso”, expresó David Seligman, abogado de los demandantes. “Solo deseamos la oportunidad de presentar nuestras reclamaciones en corte”.
GEO Group Ante el Espejo Público
El GEO Group, uno de los mayores operadores privados de prisiones y centros de detención de inmigrantes en el país, gestiona el centro de Aurora con capacidad para más de 1,500 personas.
Bajo la administración del expresidente Donald Trump, esta instalación ha funcionado a pleno rendimiento y ha recibido críticas por violaciones a los derechos humanos. La administración también está considerando reabrir una prisión privada en el noreste de Denver para incrementar la capacidad de detención de inmigrantes.
En sus informes financieros recientes, GEO reportó ganancias netas de $173.9 millones en el tercer trimestre de 2025, lo que evidencia el negocio rentable que representan los contratos de detención federal.
La empresa no ha respondido a las solicitudes de comentarios, pero en su presentación ante la Corte Suprema defendió que existe una “división profunda” entre tribunales federales sobre la inmediata posibilidad de apelación para contratistas cuando se les niega la inmunidad.
Denuncias sobre Condiciones Laborales
Documentos judiciales revelan que seis detenidos por módulo eran elegidos diariamente para realizar labores de limpieza como limpiar baños, pasillos y áreas comunes sin recibir pago. Aquellos que se rehusaban enfrentaban traslados disciplinarios y confinamiento en solitario.
El juez Jerome A. Holmes, del Décimo Circuito, corroboró estos datos en su fallo de 2024, aunque el caso principal aún no ha avanzado a juicio.
Andrea Loya, directora ejecutiva de Casa de Paz, aseguró que estas prácticas “siguen ocurriendo actualmente” en el centro y que algunos detenidos han levantado protestas este año sobre las condiciones laborales.
“Desafortunadamente, nada ha cambiado”, afirmó Loya. “Los migrantes continúan realizando trabajos esenciales sin compensación ni derechos laborales básicos”.
Demanda y Contexto Legal
Este no es el primer caso que cuestiona los programas de trabajo en centros de detención privados. En 2021, un jurado en Washington ordenó a GEO pagar $17.3 millones en salarios atrasados a detenidos que realizaban trabajos de limpieza y cocina en otra instalación administrada por la empresa, seguido de $6 millones en sanciones adicionales.
En Colorado, el juez John L. Kane desestimó una reclamación similar, argumentando que los detenidos “no son considerados empleados” y que GEO no actúa como empleador bajo la ley laboral federal. Sin embargo, otros tribunales mantienen interpretaciones diferentes, creando un mosaico legal respecto a los derechos laborales en prisiones privadas.
Postura del Gobierno Federal
Curiosamente, el gobierno de Trump ha solicitado intervenir en el caso ante la Corte Suprema en apoyo de los demandantes, oponiéndose a la apelación de GEO.
Este hecho indica que, a pesar de ser cliente del contratista, no respalda su defensa de inmunidad, reflejando la complejidad de las divisiones legales y políticas que rodean el caso.
Implicaciones del Caso
La audiencia de este lunes no resolverá la cuestión central de la demanda, pero definirá los próximos pasos. Si la Corte Suprema se pronuncia a favor de GEO, el caso regresaría al Décimo Circuito para determinar si la empresa puede invocar inmunidad. En caso contrario, el proceso judicial en Colorado podría avanzar hacia el juicio que los demandantes han estado esperando por más de 11 años.
Mientras tanto, defensores de los derechos de los inmigrantes y abogados en todo el país están atentos a este caso, el cual podría sentar un precedente nacional sobre la responsabilidad de las corporaciones privadas en centros de detención de inmigrantes.
Original source: Noticias Colorado
By Karen Gutierrez
10 Nov, 2025
