Las fuerzas armadas estadounidenses han causado la muerte de decenas de personas —83 confirmadas, con más reportes en aumento— en ataques militares recientes contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico.
Sin embargo, las revelaciones sobre el primer ataque militar reconocido en septiembre, que resultó en la muerte de individuos anónimos a bordo de una embarcación dañada, han intensificado el debate sobre la legalidad de las operaciones militares estadounidenses en la región.
Expertos militares y legales advierten que si se confirmó un mandato específico para atacar a las personas en la embarcación incapacitada, esto podría implicar que Estados Unidos se enfrenta a acusaciones de crimen de guerra o asesinato.
Un informe del Washington Post reveló que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó eliminar a todos los ocupantes de la embarcación tras el ataque inicial, el cual dejó a dos posibles sobrevivientes a bordo, en un acto que podría describirse como un doble ataque.
Históricamente, este tipo de doble ataque ha sido acusado de ser utilizado por diversas fuerzas en conflictos, incluida Rusia en Ucrania. Además, se discutieron prácticas similares bajo la administración del expresidente Barack Obama, que incluyeron ataques con drones durante operaciones antiterroristas.
Trump se pronunció diciendo que “no habría querido un segundo ataque” y que Hegseth le notificó que los eventos descritos en los medios “no sucedieron”.
Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que los ataques fueron ordenados por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU., y que ocurrieron en “defensa propia” y en aguas internacionales, cumpliendo con el derecho de los conflictos armados.
La muerte de personas a bordo de una embarcación posiblemente desarmada podría considerarse un delito bajo la ley de la guerra, el derecho internacional, o la legislación estadounidense, afirmó Daniel Maurer, fiscal general retirado del Ejército y actual profesor en la Universidad del Norte de Ohio.
“No importa si son narcoterroristas designados; matarlos mientras naufragan, fuera de combate, es un crimen de guerra”, enfatizó Maurer. Sin embargo, también señaló que él no ve este ataque en particular como una violación, dado que no considera que EE.UU. esté involucrado en un conflicto armado con narcoterroristas.
“Se trataría de una ejecución extrajudicial, constituyendo un asesinato. No existe autoridad legal para llevar a cabo tal acción”, agregó.
Si se comprueba que el ataque fue ejecutado con la intención de eliminar a los supervivientes, Hegseth o Bradley podrían estar bajo acusación por haber consentido o mandado un asesinato, involucrando a todos los responsables en la cadena de mando, aunque Maurer es escéptico sobre la posibilidad de que alguien enfrente responsabilidad penal.
Las revelaciones sobre el segundo ataque han suscitado preguntas incluso entre algunos republicanos, llevando a revisiones bipartidistas en el Congreso, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
La intención detrás de las órdenes de Bradley será crucial, subrayó Jonathan Turley, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington. ¿Era el objetivo hundir el barco o eliminar a los sobrevivientes?
El senador Angus King, independiente de Maine y miembro del Comité de Servicios Armados del Senado, advirtió que si el ataque buscaba matar sobrevivientes, eso sería claramente ilegal: “Sería un crimen de guerra”.
El general de brigada retirado Mark Kimmitt comentó que los militares estadounidenses tienen principios claros sobre el tratamiento de no combatientes. Sin embargo, también mencionó que podrían existir justificaciones bajo ciertos escenarios para un segundo ataque, si el objetivo era garantizar el hundimiento de la embarcación.
Esto implica la necesidad de entender exáctamente lo que se discutió y decidió antes de los ataques. Jack Goldsmith, profesor de Harvard y exabogado del Departamento de Justicia y Defensa, ha destacado que aunque podría haber justificaciones para los ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, el caso del segundo ataque no respalda fácilmente su legalidad bajo el derecho internacional.
Mientras tanto, muchos legisladores republicanos han defendido las acciones de Trump, minimizando la controversia en torno al ataque de septiembre. El senador Markwayne Mullin, por ejemplo, cuestionó la duda sobre el estado de los individuos atacados, defendiendo la postura de tildar a los involucrados como narcotraficantes internacionales.
A pesar de estos comentarios, el Gobierno no ha presentado evidencia clara de que las embarcaciones estuvieran transportando drogas, y los individuos fallecidos no fueron procesados ni se dio seguimiento a sus casos legales.
Sobrevivientes de un ataque posterior, en octubre, fueron asistidos y devueltos a sus países de origen por el ejército estadounidense, en gran medida debido a la ambigüedad sobre la legitimidad de detenciones en el contexto de poderes de guerra.
The-CNN-Wire
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Original source: Noticias El Paso
By Alan Tiscareno
2 Dec, 2025
