San Diego, CA – La detención de Ezequiel Jiménez, un hombre hispano, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha desatado indignación y llamados a la justicia tanto de organizaciones pro-migrantes como de su propia familia. Cuatro meses después de su arresto, el caso continúa generando controversia, especialmente debido a las acusaciones de maltrato y negligencia médica sufridas durante su custodia.
Según testimonios de su hija, Savannah Jiménez, tres agentes en vehículos no identificados interceptaron a su padre mientras se dirigía a su trabajo.
“Lo rodearon, lo sacaron del carro y lo tiraron al piso”, relató Savannah, visiblemente afectada.
La familia asegura que Ezequiel fue golpeado frente a ellos, un momento que reviven constantemente. Savannah describe la escena con “tristeza” y “mucho coraje”, lamentando no haber podido despedirse de su padre.
Su situación se ha complicado debido a su salud. Según su hija, él necesita una cirugía urgente como resultado de las lesiones sufridas durante la detención.
“Está en silla de ruedas porque lo tiraron al piso, ya arruinaron eso, que él esté en silla de ruedas y no, no puede caminar”, declaró Savannah.
Además, la familia ha denunciado que Ezequiel no ha recibido la atención médica necesaria en el Centro de Detención de Otay Mesa.
“Él nos llamaba y decía que tenía dolor en sus testículos y lo llevaron al hospital dos veces. En ICE dijeron que necesita su cirugía, pero ellos le dieron a entender a mi papá que no. No van a pagar por eso y no le van a ayudar”, agregó Savannah, destacando el “líquido” y el intenso dolor que sufre su padre.
Estatus legal y reacciones de la comunidad
La familia Jiménez sostiene que Ezequiel contaba con documentos que verifican su estatus legal y era el principal sustento del hogar. Esta situación ha avivado la indignación, llevando a organizaciones pro-migrantes a exigir una investigación independiente y mayor transparencia en las acciones de ICE.
Benjamín Prado, de la Unión del Barrio, destacó un “patrón constante” de negligencia médica. “Donde tanto sus medicamentos no se le están reconociendo o entregando, como personas con lesiones que llevan años sin ser atendidas”, afirmó Prado, instando a las víctimas a presentar quejas formales ante las oficinas de Derechos Humanos.
En respuesta a las consultas sobre el caso, ICE informó el 30 de octubre que requerían el consentimiento expreso de la familia para revelar datos sobre el estado de salud de Ezequiel. Este miércoles, la agencia confirmó que Ezequiel ya no está bajo su custodia, habiendo sido trasladado al Servicio de Alguaciles Federales el 2 de julio. Sin embargo, ICE no ha corroborado ni desmentido las acusaciones de la familia Jiménez.
Por su parte, CoreCivic, la empresa que opera el Centro de Detención de Otay Mesa, sostiene que “brindan atención médica de alta calidad las 24 horas” y que es su “prioridad”. Añadieron que coordinan atención fuera de las instalaciones cuando sea necesario, aunque no pueden divulgar detalles médicos personales por cuestiones de privacidad.
La preocupación de la familia Jiménez se intensificó el miércoles, cuando Ezequiel se presentó en corte para determinar su deportación.
“Si lo deportan, no puede estar solo porque no puede caminar y necesita ayuda. Ahora no sabemos cómo hacen la deportación, ni dónde los dejan. Estamos preocupados”, expresó Savannah, reflejando la creciente angustia de la familia ante el incierto futuro de Ezequiel.
La hija subraya que las lesiones que lo han dejado en silla de ruedas fueron “ocasionadas por los agentes”.
Original source: Noticias San Diego
By Diane López
6 Nov, 2025





