Un reciente informe de la ONU ha acusado a Rusia de cometer crímenes de guerra al llevar a cabo ataques con drones contra civiles y de realizar desplazamientos forzados de personas en el contexto del conflicto en Ucrania.
Los ataques aéreos con drones en áreas cercanas a la línea del frente en la guerra de Rusia con Ucrania han sido identificados como crímenes de lesa humanidad, específicamente homicidio, según el informe. Además, se señala que las fuerzas rusas han atacado de manera deliberada a civiles y objetivos civiles, como detalla la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania de la ONU.
Desde julio de 2024, más de 200 civiles han perdido la vida en las regiones sur de Ucrania, que incluyen Dnipropetrovsk, Jersón y Mykolaiv. Asimismo, se reporta que más de 2,000 ciudadanos han resultado heridos en este mismo periodo, según el informe elaborado por autoridades locales.
En el transcurso del conflicto, Rusia ha negado repetidamente las acusaciones de atacar a civiles. CNN ha contactado al Ministerio de Defensa ruso para obtener su posición respecto a este nuevo informe de la ONU.
De acuerdo con el informe, los ataques con drones han estado dirigidos intencionalmente a viviendas civiles e infraestructura esencial, como hospitales, centros de distribución de ayuda humanitaria, instalaciones eléctricas y escuelas. La comisión concluye que estos ataques forman parte de una política coordinada para expulsar a los civiles de estas zonas.
Se señala que estos ataques han sembrado miedo en la población y han hecho que la vida civil sea insostenible. En consecuencia, muchas personas han huido de áreas más inseguras, dejando algunos pueblos “casi completamente desiertos”. En muchos casos, solo han quedado aquellos con movilidad limitada, ancianos, cuidadores y quienes no tienen recursos para escapar.
El informe no señala a individuos específicos como responsables de estos crímenes, sino que los atribuye en términos generales a las “fuerzas armadas rusas” o a las “autoridades rusas”.
CNN ha documentado numerosos ataques aéreos contra civiles en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa en 2022. En el último mes, regiones del norte, como Chernihiv y Sumy, han estado bajo ataques constantes, dejando a muchas personas sin electricidad a medida que las temperaturas descienden.
En agosto, una serie de ataques aéreos dañó un puente crítico entre la isla Korabel de Jersón y la ciudad principal, generando un esfuerzo masivo para evacuar a los aproximadamente 1,800 civiles que aún permanecían allí.
Natalya, una residente de Antonivka en Jersón que pidió mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, compartió con CNN en octubre que era imposible abandonar su hogar debido a los continuos ataques con drones en su vecindario. “Es como un safari contra nosotros”, describió sobre las amenazas que enfrenta.
Los testimonios recopilados por la ONU revelan que muchas de las víctimas y testigos relataron haber sido vigilados, seguidos e incluso perseguidos por drones mientras realizaban actividades cotidianas.
El informe indica que “en el momento en que los drones impactaron sus hogares, las víctimas estaban ocupadas en tareas rutinarias como pasar tiempo en sus patios, jardinería, cuidar de sus animales, sacar la basura o estacionar sus vehículos”.
Adicionalmente, el informe sugiere que Rusia también ha incurrido en crímenes de guerra al deportar de manera ilegal a civiles de las áreas que ha ocupado, incluyendo el oblast de Zaporiyia en el sureste de Ucrania. Estas deportaciones se llevaron a cabo normalmente sin previo aviso, sin permitir que las personas empacaran sus pertenencias o notificaran a sus familias antes de ser tomadas por la fuerza.
En 2022 y 2023, varios civiles adultos fueron trasladados forzosamente desde territorios ocupados por Rusia en Zaporiyia hacia áreas controladas por Ucrania. Se les acusó de “no cooperar, realizar actividades consideradas desestabilizadoras o tener una postura proucraniana”, lo que los llevó a caminar entre 10 y 15 kilómetros fuera de las posiciones controladas por Rusia, atravesando zonas minadas y enfrentando disparos y bombardeos cercanos, según narra el informe. Algunos de estos civiles han desaparecido tras estas deportaciones.
Antes de las transferencias o deportaciones forzadas, se registraron “arrestos, detenciones, violencia de diversas formas, en ocasiones incluyendo tortura, registros y confiscación de documentos y bienes”, concluye la comisión.
Moscú ha sido objeto de acusaciones por transferir a niños ucranianos de las áreas ocupadas hacia Rusia. Estas transferencias, en su mayoría, han tenido como destino el territorio ruso.
En marzo de 2023, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y la funcionaria Maria Lvova-Belova, por presuntamente dirigir la transferencia forzada de niños ucranianos a Rusia, un acto que constituye un crimen de guerra. Este panorama fue calificado como “escandaloso e inaceptable” por el Kremlin, que desestimó la jurisdicción del tribunal.
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Original source: Noticias Midland-Odessa
By Erick Castillo
30 Oct, 2025
