Por Karen Gutierrez, Univision — Denver, Colorado | 8 de diciembre de 2025
El sistema penitenciario de Colorado enfrenta un escrutinio federal sin precedentes luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunciara una investigación formal para determinar si las prisiones estatales y los centros juveniles de detención están vulnerando los derechos humanos de las personas bajo custodia. El examen, anunciado el lunes por la administración Trump, abarca desde el uso excesivo de la fuerza hasta la atención médica, la nutrición y las políticas relacionadas con personas transgénero privadas de libertad.
La pesquisa apunta tanto al Colorado Department of Corrections (DOC) como a la Division of Youth Services (DYS), que son responsables de la supervisión de adultos encarcelados y jóvenes en detención. En una carta dirigida al gobernador Jared Polis, el DOJ detalló que su investigación busca evaluar las “políticas y prácticas” dentro de ambas agencias para verificar si cumplen con la Constitución y las leyes federales.
Derechos humanos bajo la lupa
“La Constitución protege a cada estadounidense, ya sea un joven confinado en una instalación juvenil o una persona mayor en prisión”, afirmó la fiscal adjunta Harmeet K. Dhillon en el comunicado oficial. El DOJ subrayó que su misión es garantizar que ninguna persona sufra un “maltrato inconstitucional” mientras se encuentra bajo custodia estatal.
El enfoque central del proceso se concentrará en tres áreas clave en las 21 prisiones del DOC:
• Adecuación de la atención médica.
• Condiciones seguras, higiénicas y sanitarias.
• Prácticas relacionadas con la separación y protección de personas transgénero.
El departamento también investigará si Colorado está fallando en prevenir el uso excesivo de la fuerza en sus 12 centros juveniles y en proporcionar una nutrición adecuada a los jóvenes detenidos.
Política de alojamiento de personas trans en el centro del debate
La administración Trump también dirigirá su atención a la política estatal que regula dónde se alberga a las personas transgénero dentro de las prisiones. De acuerdo con la carta enviada a Polis, uno de los objetivos es determinar si el DOC “viola los derechos de los prisioneros y detenidos de ejercer su religión libremente al albergar a hombres biológicos en unidades designadas para mujeres”.
Esta línea de investigación ocurre en un entorno político donde el presidente Trump ha intensificado críticas contra políticas consideradas “inclusivas” en estados demócratas. Colorado no ha respondido oficialmente; un portavoz de Polis no estuvo disponible para comentarios.
Contexto político: el caso de Tina Peters
El anuncio del DOJ se produjo el mismo día en que las autoridades de Colorado negaron una solicitud del presidente Trump para trasladar a Tina Peters, exsecretaria del condado de Mesa, desde la prisión estatal a un penal federal. Peters cumple una condena de nueve años por delitos relacionados con elecciones.
Aunque una corte federal también rechazó su petición más reciente, el presidente Trump ha presionado públicamente para su liberación y llamó al gobernador Polis un “corrupto” tras la negativa estatal de autorizar el traslado. Un funcionario del DOJ aseguró que trabaja para liberar a Peters, aunque la investigación anunciada no la menciona directamente.
Denuncias previas y condiciones documentadas
La pesquisa federal llega después de múltiples reportes de problemas en las instalaciones juveniles de Colorado. En noviembre, padres denunciaron al Denver Post que sus hijos estaban perdiendo peso de manera alarmante en el Youthful Offender System de Pueblo debido a la falta de alimentos. Uno de ellos, un joven de 22 años, fue hospitalizado por falla renal asociada con malnutrición, según su familia.
El clamor público obligó al estado a modificar políticas internas sobre compra y acceso a comida.
Un reportaje de marzo reveló informes críticos internos que documentaban:
• Acusaciones de fuerza excesiva por parte del personal.
• Lesiones graves sufridas por adolescentes durante restricción física.
• Ingreso de drogas ilícitas en instalaciones seguras.
• Alegaciones de relaciones inapropiadas entre empleados y jóvenes bajo su custodia.
La situación alcanzó un punto crítico en agosto, cuando la DYS trasladó a todos los jóvenes sentenciados del Lookout Mountain Youth Services Center, ubicado en Golden, citando “condiciones de seguridad en deterioro”.
¿Qué podría venir?
La investigación federal podría derivar en acuerdos obligatorios, cambios operativos amplios o intervenciones supervisadas por tribunales. También podría influir en debates legislativos relacionados con reformas penitenciarias, políticas de protección juvenil, atención médica en prisiones y regulación del alojamiento de personas transgénero.
Mientras Colorado continúa procesando los hallazgos de reportes periodísticos y testimonios de familiares, el anuncio del DOJ representa un punto de inflexión para dos sistemas que han enfrentado críticas prolongadas sobre su capacidad para proteger a quienes están bajo su custodia.
La evolución del caso será observada de cerca tanto por defensores de derechos civiles como por autoridades estatales que deberán responder a un escrutinio federal que podría reconfigurar profundamente la operación de prisiones y centros juveniles en Colorado.
Fuente original: Noticias Colorado
Por Karen Gutierrez
9 Dec, 2025
