(Nota del autor: Hoy, Cristian Ortega-López tuvo su audiencia ante el juez; esta nota se actualizará con más detalles.)
LAS CRUCES, Nuevo México – Una investigación sobre la presencia ilegal de un migrante venezolano armado en un hogar de Las Cruces se ha transformado en un caso federal con posibles repercusiones para el sistema judicial de Nuevo México. José Luis “Joel” Cano, un exjuez magistrado del condado Doña Ana, y su esposa, Nancy Ann Cano, han sido arrestados y enfrentan cargos por manipulación de pruebas en relación con Cristian Ortega-López, un presunto miembro del grupo criminal venezolano Tren de Aragua, clasificado como una organización terrorista extranjera por las autoridades de EE.UU.
Una operación conjunta del Departamento de Seguridad Nacional y la agencia ICE llevó al arresto del exjuez Cano y su esposa en su residencia.
Imágenes cortesía: Departamento de Seguridad Nacional y ICE
La pesquisa comenzó tras una denuncia anónima al Departamento de Seguridad Nacional (HSI), que informaba que Ortega-López, quien cruzó ilegalmente la frontera en diciembre de 2023, residía ilegalmente en la propiedad de los Cano, y estaba armado. Se confirmó posteriormente que Nancy Cano había contratado a Ortega-López para labores domésticas y le ofreció alojamiento en su hogar, donde también vivían su esposo y su hija, a quien Ortega-López habría desarrollado un vínculo cercano.
Durante su estancia, Ortega-López publicó en redes sociales imágenes en las que portaba armas largas y cortas, incluyendo un rifle AR-15 con silenciador y una pistola Sig Sauer P365, las cuales estaban dentro de la vivienda. Las autoridades federales también hallaron tatuajes y símbolos propios de la pandilla Tren de Aragua, además de mensajes y notas de voz que lo conectan con actividades criminales de la organización en EE.UU.
El 28 de febrero de 2024, agentes federales realizaron un cateo en la vivienda y arrestaron a Ortega-López, quien fue acusado de posesión ilegal de armas y municiones, así como de presencia ilegal en el país. A pesar de las pruebas y la evaluación que indicaba que representaba un riesgo de fuga y peligro para la comunidad, un juez federal ordenó su liberación bajo ciertas condiciones, decisión que el Departamento de Justicia apeló.
Cinco días después de la operación, el 3 de marzo, el juez Cano presentó su renuncia, sin mencionar los motivos. Posteriormente, la Corte Suprema de Nuevo México determinó que no puede volver a desempeñarse como juez ni postularse a cargos judiciales en el estado.
La situación se agravó aún más con la revelación de que ambos, José y Nancy Cano, presuntamente destruyeron evidencia. Ortega-López realizó llamadas desde el centro de detención Doña Ana, en las que Nancy Cano facilitó comunicaciones con terceros utilizando un teléfono que inicialmente no fue recuperado por las autoridades.
En una llamada posterior, discutieron sobre eliminar su cuenta de Facebook, que contenía contenido incriminatorio. El 24 de abril, tras obtener una nueva orden de cateo, el HSI encontró pruebas de que José Cano había destruido el teléfono desaparecido a golpes con un martillo.
Ortega-López mantuvo una relación cercana con la hija del matrimonio, que también se llama Nancy Cano.
La investigación federal destaca que esta relación podría ser el motivo por el cual Ortega-López ocultó un arma de fuego en la casa, violando la ley federal. Ortega-López publicó imágenes en las redes sociales con rifles y pistolas que coinciden con el interior de la residencia.
El 28 de febrero de 2024, fue arrestado por posesión ilegal de armas y por estar en el país sin estatus legal. En la moción de detención preventiva, la fiscalía argumentó que Ortega-López representa un riesgo significativo de fuga y peligro para la comunidad, especialmente por su supuesta afiliación con la organización criminal Tren de Aragua.
La afiliación no se base únicamente en su apariencia o en su origen. Los documentos judiciales detallan que los agentes encontraron tatuajes con símbolos asociados a la pandilla, ropa con emblemas específicos, y lo más contundente: mensajes de voz y textos electrónicos recabados durante la investigación, donde Ortega-López se comunica con otros presuntos miembros del grupo criminal.
La Corte Suprema estatal de Nuevo México anunció que Joel Cano ya no puede volver a ocupar un cargo judicial. Esta decisión oficializa su inhabilitación tras la controversia, aumentando la presión sobre el sistema judicial local.
Los documentos judiciales citan mensajes en los que Ortega-López insinuaba que había ocultado su relación con el grupo criminal a los miembros de la familia Cano.
Otros mensajes de texto evidencian conversaciones con un hombre que aparentemente le advierte que tenga cuidado y evite incriminarse al compartir fotos. En dicha conversación, el interlocutor le pregunta si podrían conseguir una granada o “un par de 38”. Esto podría implicar la actividad de esta organización dentro de Estados Unidos.
La fiscalía también formalizó el caso como United States v. Jose Luis Cano y United States v. Nancy Ann Cano en el tribunal del distrito de Nuevo México.
Ambos enfrentan cargos federales: José Cano por manipulación de evidencia y Nancy Cano por conspiración para manipular evidencia. Si son declarados culpables, podrían enfrentar hasta 20 años de prisión y multas de hasta $250,000.
En una entrevista tras su arresto, Joel Cano admitió haber destruido el dispositivo con un martillo, creyendo que contenía fotografías incriminatorias de Ortega-López portando armas.
Por otro lado, Nancy Cano está acusada de conspirar con Ortega-López para eliminar una cuenta en redes sociales con el objetivo de ocultar mensajes y fotografías comprometedoras relacionadas con la posesión ilegal de armas.
Ortega-López tuvo su audiencia hoy, donde se presentaron varias de estas pruebas, y también reconoció a alguien en la audiencia, a quien saludó.
Original source: Noticias El Paso
By Alan Tiscareno
23 Nov, 2025
