La Gobernadora Kelly Defiende la Privacidad de los Beneficiarios de SNAP en Kansas

Por Karen Gutierrez, Univision
Topeka, Kansas — 4 de diciembre de 2025

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, ha enfrentado nuevamente presión del gobierno federal esta semana tras el anuncio del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) de que podría retener fondos administrativos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para varios estados, incluido Kansas. La controversia se origina en un conflicto que ha durado meses, relacionado con la solicitud de datos personales de miles de beneficiarios.

Este tema ha aumentado las tensiones entre la administración Trump y al menos 22 estados gobernados por demócratas, quienes han rechazado la solicitud federal, argumentando que es ilegal, invasiva y contraria a las protecciones de privacidad.

¿Cuál es la exigencia del USDA y por qué se oponen los estados?

Desde febrero, el USDA ha solicitado a todos los estados que entreguen información personal detallada de los beneficiarios de SNAP. Según los funcionarios federales, el objetivo es identificar a ciudadanos estadounidenses que podrían estar recibiendo beneficios sin ser elegibles.

Los estados afectados, entre ellos Kansas, argumentan que la solicitud no tiene fundamento legal, invade la privacidad de los residentes y podría vulnerar protecciones constitucionales. Para estos gobiernos, aceptar cumplir con el requerimiento federal establecería un precedente peligroso en la administración de programas sociales.

En respuesta, la administración Trump anunció que retendría fondos administrativos de SNAP, lo que podría complicar la operativa de los programas de asistencia alimentaria en Kansas, especialmente en áreas rurales y de alta pobreza.

Kelly: “No tengo interés en que la gente pase hambre”

Ante el anuncio del USDA, la gobernadora Kelly se mostró firme. En declaraciones realizadas el miércoles, enfatizó que no cederá ante las presiones para entregar datos privados de los residentes.

“No tengo absolutamente ningún interés en que la gente pase hambre”, afirmó. “Tampoco tengo interés en ser intimidada para entregar información personal y privada. Estoy en una situación difícil. Debo proteger la privacidad de las personas y también su mesa de comedor”.

Kelly expresó que está colaborando con su equipo legal para determinar los pasos a seguir, lo que sugiere que Kansas podría volver a litigar la medida ante los tribunales federales.

Un conflicto que no es nuevo

No es la primera vez que la administración Trump intenta sancionar a Kansas por su negativa a entregar información sobre beneficiarios de SNAP. En septiembre, el USDA notificó al estado que podría retirar más de $10 millones en fondos relacionados con el programa.

Esta acción no se llevó a cabo, ya que la gobernadora apeló la decisión, llevando el asunto a los tribunales, donde aún está bajo revisión. Sin embargo, el nuevo anuncio indica que la administración federal está lista para reavivar el conflicto.

Analistas advierten que si se concretan los recortes, miles de familias podrían enfrentar retrasos en la distribución de beneficios, ya que los fondos administrativos cubren personal, sistemas, verificación de elegibilidad y otros componentes operativos esenciales.

¿Qué está en juego para Kansas?

El programa SNAP es un recurso vital para miles de hogares en el estado. Aunque no se están retirando los beneficios directos para alimentos, la suspensión de los fondos administrativos podría ocasionar:

• Menos personal para procesar solicitudes
• Retrasos en la verificación de casos
• Tiempos de espera más largos
• Riesgo de interrupciones temporales en la distribución de asistencia

Además, organizaciones comunitarias advierten que la incertidumbre podría desmotivar a familias elegibles a solicitar beneficios por miedo a la exposición de datos o a cambios en los requisitos.

Un debate nacional sobre privacidad y elegibilidad

El conflicto en Kansas es parte de una discusión más amplia sobre cómo los estados manejan datos sensibles de programas sociales. Los gobiernos locales temen que la entrega de listas con información personal de beneficiarios sea utilizada para fines ajenos a SNAP o para medidas punitivas contra personas vulnerables.

Para la administración Trump, la transparencia es fundamental para identificar abusos dentro del programa. Para los estados, la exigencia federal supera la autoridad del USDA y plantea riesgos legales y morales.

¿Qué sigue?

Kelly reiteró su compromiso de proteger la privacidad de los residentes mientras se asegura de que las familias mantengan acceso a la asistencia alimentaria. Su equipo legal está evaluando opciones que incluyen nuevas apelaciones y posibles demandas.

Por ahora, Kansas se mantiene entre los 22 estados que resisten esta presión, mientras la administración federal evalúa cómo y cuándo llevará a cabo recortes. El impacto final dependerá de decisiones judiciales y de la respuesta conjunta de los estados afectados.

Lo que es indiscutible es que miles de familias en Kansas dependen de SNAP para satisfacer sus necesidades básicas, y cualquier interrupción representa un grave riesgo para la seguridad alimentaria en la región.