La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump busca equiparar al fentanilo con armas químicas, activar a agencias de defensa y seguridad, y aumentar penas contra el narcotráfico, mientras expertos y México advierten sobre el riesgo de militarizar una crisis de salud pública.
El gobierno de Estados Unidos ha dado un cambio radical en su estrategia contra las drogas sintéticas al declarar formalmente al fentanilo ilícito y a sus precursores químicos como un arma de destrucción masiva. Esta decisión, anunciada mediante una orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump, representa un cambio profundo en cómo el Estado estadounidense pretende abordar una crisis que ha registrado decenas de miles de muertes por sobredosis en los últimos años.
La medida busca activar prácticamente todas las herramientas del aparato gubernamental, incluyendo acciones penales más severas y la posible intervención de agencias de defensa y seguridad nacional, con el objetivo de combatir la producción, distribución y financiamiento de este opioide sintético. El fentanilo, conocido por su alta potencia y bajo costo, se ha convertido en el principal factor de la crisis de opioides en Estados Unidos y una prioridad para las autoridades federales.
Según funcionarios encargados de la aplicación de la ley, esta nueva designación legal amplia significativamente el margen de acción de los fiscales y fortalece los casos contra organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Carlos Briano, oficial de información pública de la DEA en El Paso, explicó que “esta designación permite a los fiscales solicitar penas más severas contra los narcotraficantes que perseguimos y refuerza el impacto de los casos de narcotráfico que la DEA presenta”.
La orden ejecutiva se basa, según los defensores del plan, en el nivel de peligrosidad del fentanilo, al que comparan con armas químicas por su capacidad letal incluso en cantidades mínimas. Briano destacó la potencia de esta sustancia al mencionar que “es 50 veces más poderosa que la heroína y 100 veces más poderosa que la morfina; solo 2 miligramos pueden resultar mortales”. Estas cifras han sido utilizadas por el gobierno para justificar un enfoque más agresivo y punitivo frente a lo que consideran una amenaza directa a la seguridad nacional.
A pesar de esto, la decisión ha recibido críticas. Expertos en políticas de drogas y salud pública advierten que la comparación del fentanilo con un arma de destrucción masiva es más simbólica que práctica. Ellos argumentan que, aunque se trata de una sustancia extremadamente mortal, no ha sido utilizada como un arma deliberada en el sentido tradicional, y que el núcleo del problema sigue siendo una crisis de adicciones que requiere estrategias integrales de prevención, tratamiento y reducción de daños.
Estas críticas fueron respaldadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien abordó el tema durante su conferencia de prensa matutina. Sheinbaum reconoció la necesidad de combatir los delitos asociados al narcotráfico, pero insistió en que el enfoque no puede limitarse a la represión. “Por supuesto que hay que atender los delitos, pero hay que atender también las causas del consumo de las drogas. Si no se atienden las causas, será el fentanilo, será otra droga, y seguirá el consumo”, afirmó.
La orden ejecutiva se enmarca en un contexto de creciente presencia militar en operaciones antidrogas. Desde septiembre, el gobierno estadounidense ha intensificado acciones en aguas internacionales, incluyendo operativos contra varias embarcaciones acusadas de narcotráfico. Para los críticos, esta escalada podría desviar recursos destinados a la salud pública hacia operaciones militares, sin garantizar una reducción real en el consumo de drogas ni en las muertes por sobredosis.
Sheinbaum subrayó que la problemática del fentanilo está estrechamente relacionada con factores sociales y de salud mental. “Está relacionado con la salud mental, el apego, los valores, la familia, la educación y la atención de las causas. Esa es nuestra visión y se lo he planteado al presidente Trump”, sostuvo la mandataria mexicana, marcando una clara diferencia entre ambos enfoques.
El impacto de esta decisión será especialmente notorio en las zonas fronterizas y en comunidades que ya han sido gravemente afectadas por la crisis de opioides. Regiones como El Paso, que se encuentran en contacto directo con las dinámicas del tráfico transnacional, podrían ver un aumento en operativos, procesos judiciales y presencia de agencias federales.
Las próximas semanas serán cruciales para observar cómo se traduce esta política en acciones concretas y si el endurecimiento del discurso y de las herramientas legales logrará frenar el flujo del fentanilo o si, como advierten los expertos, la militarización termina eclipsando la atención a una emergencia de salud pública que sigue cobrando vidas a ambos lados de la frontera.
Fuente original: Noticias El Paso
Por Miguel Contreras
18 Dec, 2025
